LOS ARRIEROS DE VALVERDE Y LA CRISIS DEL TRIGO EN 1678

Iglesia parroquial (fot. pág. web del Ayuntamiento de Valverde)

(Art. publicado en la Revista de Fiestas, Valverde, 2011)
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En 1665 murió Felipe IV, heredando el Imperio su hijo Carlos II, más conocido por el hechizado, dada su congénita debilidad. Con el Imperio también heredó:
- Guerras y discordias con la mayoría de las monarquías europeas.
- Conflictos internos entre los distintos reinos peninsulares.
- La Hacienda Real en bancarrota.
- Una presión fiscal elevada e injusta.
- Los concejos arruinados e hipotecado a cuenta de la presión fiscal.
- Y, por abreviar, un sistema monetario anárquico y fraudulento, que dificultaba el comercio interior y el exterior.

Por lo tanto, podemos considerar que el Imperio estaba en su estado más crítico, endeudado, sin recursos, con la vecindad bajo mínimos y una presión fiscal imposible de ser atendida por los súbditos. Pero aún no había tocado fondo, pues le siguieron otros veinte años de profunda crisis, tras los cuales se vislumbraron leves síntomas de recuperación. Así lo indican las cifras macroeconómicas manejadas por Garzón Pareja y Kamen, autores que atribuyen tal recuperación a una política exterior menos belicosa (gracias a concordias forzadas con las distintas monarquías europeas y a la progresiva pérdida de territorio en este continente), la cesión de la independencia al reino de Portugal y la rendición de los catalanes en su intento secesionista. Aparte, también hemos de considerar determinadas decisiones fiscales y monetarias acertadas, concretamente una disminución de la presión fiscal, la devaluación de la moneda en 1680 y ciertas disposiciones sobre las tasas de salarios y precios de las mercaderías y mantenimientos.
Este efecto beneficioso no dejó sentirse, como decimos, hasta la última década del XVII, pues inicialmente resultó difícil frenar la inercia depresiva. Así lo estima Kamen, indicando que 1680 «fue desde todos los puntos de vista el año fatal del reinado de Carlos II, desgranando las desgracias que se sucedieron: tres años de malas cosechas y sequía, hasta mayo en que los cielos se abrieron, pero tan inmoderadamente al fin, que en septiembre las lluvias se convirtieron en temporal”. También en 1680 se llevó a cabo un reajuste y devaluación de la moneda que, como indica Garzón Parejo, fue una de las medidas que actuaron como palanca para mejorar la situación de crisis, aunque como también aprecia el autor sus resultados inmediatos fueron decepcionantes, no cambiando de signo hasta cinco o seis años después.
En efecto, la década de 1675 a 1685 fue extraordinariamente complicada. A las adversidades descritas hemos de añadir la desfavorable climatología que afectó a la mitad meridional de España, subiendo la fanega de trigo desde 15-20 reales hasta 130.
Domínguez Ortiz también ha profundizado en el estudio de la crisis que no ocupa, centrándose en la España meridional, más concretamente en Andalucía. Según los datos climatológicos que maneja, la primavera de 1677 fue extraordinariamente lluviosa en Andalucía, arruinando la cosecha de cereales y teniendo necesidad sus naturales de aprovisionarse de granos en Extremadura. Le siguieron dos años agrícolas secos y de escaso rendimiento cerealista en toda la zona meridional de la Península (1677-78 y 1778-.79), y otros dos normales (1679-80 y 1680-81), que no fueron suficientes para almacenar y afrontar con provisiones de reservas la extraordinaria sequía de las campañas de 1681-82 y 1682-83. Se remató la década con dos ciclos tan lluviosos que asfixiaron las cosechas de 1683-84 y 1684-85, siguiéndole después otros tres de escasa pluviometría.
En los archivos municipales de los pueblos del entorno, como los de Azuaga, Llerena, Valverde o Guadalcanal (esta última villa fue santiaguista y extremeña hasta 1834) disponemos de datos pormenorizados sobre la crisis cerealista referida, especialmente centrados en 1678. Es más, sabemos que en dicha crisis tuvieron una extraordinaria implicación los arrieros de Valverde, a resulta de la cual es posible que surgiera el famoso dicho que empezó a circula por el entorno: a los de Valverde, ni comprarle ni venderle.
Ya hemos referido en otras ocasiones la importancia cuantitativa y cualitativa que tuvo la arriería de Valverde durante el Antiguo Régimen, siendo esta actividad la que más recurso proporcionaba a su vecindario. No obstante, queda pendiente un estudio más profundo que explique su organización y redes de distribución, así como las mercaderías con las que trajinaban en sus viajes de ida y vuelta. Por las referencias documentales utilizadas en este artículo, sabemos que jugaban un papel importante en el trasporte de granos, al menos así fue en la crisis cerealista que nos ocupa.
Pues bien, volviendo sobre dicha crisis, ya se ha adelantado que las excesivas lluvias de la primavera de 1677 terminaron por arruinar la cosecha de cereales en las campiñas cordobesas y sevillanas, aunque en la Tierra de Barros y en el resto de Extremadura el rendimiento fue aceptable. Esta circunstancia determinó la extracción o saca de trigo y cebada desde esta última provincia hacia el reino de Andalucía, entre otras circunstancia por expresa recomendación y autorización del Consejo de Castilla, en respuesta a las peticiones de las ciudades y villas andaluzas. No obstante, la saca fue extraordinaria, por excesiva, dejando vacíos los silos (pósitos) de los pueblos extremeños, cuyos vecinos ya empezaron a sufrir escasez de cereales a principios de 1678. En efecto, si hemos de hacer caso a los oficiales concejiles de Llerena, Azuaga o Guadalcanal, la saca de trigo autorizada por el referido Consejo de Castilla había superado ampliamente las 20.000 fanegas concertadas, sobrepasando las 600.000 fgas.

Las primeras quejas observadas sobre este particular ya se recogieron en Llerena, en una sesión capitular de 10 de febrero de 1678, presidida, como era usual, por el entonces gobernador del partido, don Pedro de Arís y Yanguas, caballero de la Orden de Santiago y señor de las Villas de Guarcanos y Castroviejo. En dicha sesión, acompañado de un buen número de regidores perpetuos de la ciudad, se habló sobre la escasez de trigo que se padecía en la ciudad y en los pueblos del partido, llegando a la conclusión de que dicha situación había sido provocada por la excesiva saca de granos con destino a Sevilla y otros pueblos de Andalucía, circunstancia que provocó un notable incremento en los precios, pasando la fanega de trigo de 14 reales a más de 90. Por ello, tomaron el acuerdo de comprar el trigo procedente de los diezmos de las distintas encomiendas localizadas en el partido.
Cuatro días después, en la sesión capitular del 14 de febrero del mismo año y ante la hambruna y quejas del vecindario, acordaron dirigirse a los inquisidores del Santo Oficio para solicitarles prestadas 1.000 fanegas que tenían requisadas, comprometiéndose a devolverlas con el producto de la cosecha del año en curso. Pero la primavera de 1678 se presentó muy seca, por lo que las expectativas a principio de julio eran más que alarmantes. Por ello, en el pleno del cabildo llerenense correspondiente al 4 de julio del año en curso, alegando “que los naturales del país (los extremeños o, en sentido más restrictivos, los vasallos de la Provincia de León de la Orden de Santiago en Extremadura) tienen la prelación sobre los mismos frutos que benefician con su trabajo y sudor”, tomaron el acuerdo de dirigirse al Consejo de las Órdenes solicitándole una Real Provisión de S. M. por la que se prohibiera la extracción de granos con destino a Andalucía, aparte de ciertas mediadas paliativas para afrontar la terrible hambruna.
Y obtuvieron una respuesta satisfactoria mediante una Real Provisión urgente, como lo requería la situación, fechada en Madrid, el 18 de julio de 1678, es decir, dos semanas después de solicitarla. Dicha Real Provisión, en relación textual suficiente, decía así:
Don Carlos por la gracia de Dios…, a vos, el nuestro gobernador de la ciudad de Llerena y su partido…, sabed que habiéndose visto en nuestro consejo de las Órdenes una carta y consulta que habiéndola remitido vos, el dicho nuestro gobernador, representándonos que hallándose esa ciudad y Provincia de León por el mes de abril del año pasado de 1677 con trigo bastante para el sustento de sus naturales, habíamos sido servido de mandar se sacase para Andalucía; y con este pretexto se había sacado tanto que en tiempote quince meses se había transportado más de 600.000 fgas., dejando vacíos las trojas y silos, y habiendo subido el precio desde catorce reales hasta noventa; y al presente en la cosecha actual pasaba a cien reales e iba subiendo como lo hacía la saca, pues en las parvas esperaban los arrieros a que se limpiase para transportarlos (a Andalucía)…; y habiéndose reconocido la esterilidad del año, se hallaba esa ciudad y su Provincia con tanto desconsuelo que sus clamores y la precisa obligación os obligaban a darnos cuenta para el remedio… pues aunque en nuestra Real Cédula (Diciembre de 1677 autorizando la venta a Andalucía de 20.000 fgas. a instancia del Consejo de Castilla) se prevenían todos los inconvenientes… mandamos que, luego que ésta recibáis, se prohíba y cese la saca de trigo; y por ello mandamos que se ejecute y cumpla el acuerdo hecho por esa ciudad de cuatro de este presente mes de julio, como en él se contiene, que está en el libro del Ayuntamiento, que así es nuestra voluntad… (Madrid, 18/07/1678) Yo el Rey

Con este refrendo, don Pedro de Aris y Yanguas, gobernador y justicia mayor de la Provincia de León y, tras la anterior Real Provisión, juez particular para la saca de granos de la ciudad de Llerena, villas y lugares de su partido, se dirigió a todos y cada uno de los pueblos de su jurisdicción, comunicándoles el contenido de la citada Real Provisión y decretando su inexcusable cumplimiento. En concreto, establecía:
- Que en cada villa y lugar sus oficiales recabasen toda la información posible sobre los granos que cada vecino tuviese almacenado, visitando sus casas y almacenes, y requisando lo que encada caso estimaron oportuno.
- Que antes de sacar trigo para otro pueblo santiaguista (nunca fuera de este contexto), el dueño debería ofertarlo a sus convecinos a un precio moderado (aproximadamente sobre 40 reales fgas.)
- Especialmente deberían tener cuidado los oficiales de los pueblos limítrofes con la frontera de Andalucía, a quienes se les encomendaba la vigilancia de las mercaderías por los pasos habituales.

Estas medidas llegaron a los oídos de las autoridades andaluzas, especialmente a los del asistente de Sevilla (máxima autoridad en dicha ciudad, la más populosa de la Península) quien inmediatamente, alegando las necesidades alimenticias de sus vecinos, se quejó ante el Consejo de Castilla, solicitando la nulidad de la Real Provisión de 18 de julio del año en curso ganada a instancia del Consejo de las Órdenes Militares. La presión del asistente sevillano, alegando las necesidades de granos de los andaluces, dio fruto inmediatamente, firmando días después (26 de julio) Carlos II otra Real Provisión que anulaba su anterior decisión, permitiendo el comercio libre de granos entre Extremadura y Andalucía.
A partir de este momento asistimos a una de las muchas disputas y contradicciones surgidas entre el Consejo de las Órdenes y otros consejos reales y chancillerías, situación usual desde que la monarquía hispánica asumió la administración perpetua de las distintas Órdenes Militares, creando para ello el Consejo de las Órdenes. En efecto, desde esos momentos el choque por competencias jurisdiccionales entre este último consejo y el resto de los consejos reales y chancillerías fue frecuente, con resultados dispares y azarosos, pero, a modo de resumen y conclusión, siempre evolucionando en detrimento del Consejo de las Órdenes y a favor del poder central.
Aunque los intereses andaluces en esta cuestión quedaron salvaguardados por esta última Real Provisión (la del 26 de Julio), el gobernador de Llerena y los oficiales de los pueblos santiaguistas se mantuvieron firme en su lucha contra la extracción de granos con destino a Andalucía, o al menos así lo dejaron recogido en sus actas capitulares.
Y en esta crisis y conflicto mucho tuvieron que ver los arrieros valverdeños, pues incluso en fechas anteriores la Real Provisión ganada por el asistente de Sevilla, continuaron con la saca de granos hacia Andalucía, mostrando parte del entramado organizativo que este gremio ejercía en el comercio y la trajinería de esta zona sureña de Extremadura, con los recelos que dicha actividad siempre generaba. En efecto, los numerosos arrieros valverdeños llegaron a controlar durante siglos una buena parte del transporte de la zona, amparándose de su proximidad a Andalucía y, especialmente, por el hecho de que la máxima autoridad real de la zona, el gobernador santiaguista de Llerena, carecía de jurisdicción en Valverde, pues esta villa, junto a la de Berlanga, fue vendida en 1590 al señorío del marquesado de Villanueva del Río (y Minas), señorío muy interesado en las trajinerías de sus vasallos valverdeños.
En definitiva, los arrieros valverdeños hicieron caso omiso al gobernador de Llerena, que seguía instrucciones del Consejo de las Órdenes (sin competencias en Valverde) tras la primera Real Provisión (18/07/1678) de Carlos II, comprando trigo al pie de era en Almendralejo para transportarlo hacia Andalucía. De ello se quejaron los oficiales de los pueblos comarcanos, quienes responsabilizaron a dichos arrieros del incremento de precios en el valor del trigo, pasando de los 40 reales acordados a 55.
Especialmente combatidos en esta crisis cerealista fueron los oficiales guadalcanalenses, mostrando reiteradamente su indignación con las prácticas de los arrieros valverdeños. Uno de sus alcaldes, don Cristóbal de Arana y Sotomayor, el 8 de septiembre de 1678 dirigió una carta de amparo y súplica al capitán general de la provincia de Extremadura, relatando los hechos ya descritos. Le solicitaba un cabo y ocho soldados para la vigilancia de la frontera con Andalucía, evitando así la saca de trigo. Por la fecha de esta carta de súplica (8 de septiembre), queda claro que, pese a que el asistente de Sevilla envió expresamente un escribano a Guadalcanal con la Real Provisión que reautorizaba la saca de trigo de Extremadura hacia Andalucía (26 de julio), en esta villa se hizo caso omiso a la misma, dando sólo por buena la Real Provisión del 18 de julio de dicho mes y año, es decir, la ganada por el Consejo de las Órdenes y que impedía la exportación del trigo extremeño.
Importante fue la aportación que hizo este edil guadalcanalense sobre Valverde y sus arrieros:
…en la villa de Valverde hay grueso trato de arrieros y corsarios que sólo se entrometen en la granjería de granos y sacarlos fuera desta provincia…, que son muchos y quien más daños ocasionan en destruir este país (Extremadura), y que andan con tanta prevención sacando el grano que lo menos que traen son cincuenta hombres con escopetas (para defenderse en sus trajinerías)…
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Fuentes:
- A. M. de Azuaga, Sec. Actas Capitulares, años 1677 y 1678.
- A. M. de Llerena, Sec. Actas Capitulares, años 1677 y 1678.
- A. M. de Guadalcanal, Sec. Actas Capitulares, años 1677 y 1678, leg. 1649.
- A. M. de Valverde de Llerena, Sec. Actas Capitulares, años 1677 y 1678.
- DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Crisis y decadencia en la España de los Austria, Barcelona, 1973.
- GARZÓN PAREJA, M. La hacienda de Carlos II, Madrid, 1983.
- KAMEN, H. La España de Carlos II, Barcelona, 1981.
- MALDONADO FERNÁNDEZ, M. Valverde de Llerena. Siglos XIII al XIX, Sevilla, 1999.

RESPUESTAS DE GUADALCANAL A LOS INTERROGATORIOS DE 1803

Iglesia y convento de la Concepción
(Art. publicado en la Revista de Feria y Fiestas, Guadalcanal, 2011)

Una buena parte de la información que sobre Guadalcanal he tenido la oportunidad de publicar en anteriores ediciones de esta revista se sostiene documentalmente en distintas encuestas e interrogatorios, mediante las cuales, y desde diferentas instancias gubernativas y administrativas supraconcejiles, se demandaba su cumplimentación a los oficiales guadalcanalenses.
De entre todos estos documentos, el preferido por los historiadores a la hora de esbozar y explicar parte de la historia local es, sin duda, el denominado Catastro de Ensenada, de 1753, en el que no nos vamos a detener por haber manejado y comunicado ya sus datos en otras ocasiones.
De 1791 tenemos otro magnífico y concluyente Interrogatorio, dirigido exclusivamente a los pueblos incluidos en la provincia de Extremadura y su Real Audiencia, como era el caso de Guadalcanal en esa fecha. La información que nos proporciona éste último documento sirve de gran utilidad especialmente para comprobar la influencia que la aplicación de la legislación ilustrada (1760-90) tuvo en la villa.
Las dos encuesta-interrogatorios anteriores se contestaron por los oficiales concejiles “y personas de más conocimiento e inteligencia” de cada pueblo, pero siempre en presencia de un comisario o intendente nombrado para este efecto por las autoridades correspondientes. Sin embargo, en el caso que nos ocupa simplemente se envió a cada pueblo cinco cuestionarios con cerca de 400 preguntas, sin que sus respuestas fuesen fiscalizadas o supervisadas por ninguna autoridad supraconcejil, aunque sí avaladas por la firma del escribano del cabildo concejil.
Estos cinco cuestionarios o bloques de preguntas fueron los siguientes:
- El primero, con 28 preguntas, era de carácter político, centrándose especialmente en averiguar si el pueblo había progresado o involucionado en los últimos 50 años, solicitando la justificación correspondiente, en cada caso.
- El segundo, con 32 preguntas, recababa información sobre “la cantidad, calidad, destino y cultivo de las tierras del término, para formar la división agrícola de España”.
- El tercero, con 62 preguntas promovida a instancia del Departamento de Fomento del Reino, pedía información sobre el vecindario y sus ocupaciones.
- El cuarto se interesaba por las condiciones naturales que se daban en la localidad y sobre la salud de sus vecinos.
- Y el quinto, por la existencia de fábricas y el desarrollo de las artes y oficios en cada pueblo.

Con el primero de los interrogatorios se perseguía averiguar algo parecido a lo propuesto por la Real Audiencia de Extremadura en 1791, es decir, valorar en qué medida se había llevado a cabo la reforma agraria de finales del XVIII y si había repercutido favorablemente en el concejo y su vecindario. Así, en su primera pregunta se interesaban por la existencia de tierras “incultas” en la localidad y las causas argumentadas para no cultivarlas. Contestaron que, en efecto, existían tierras sin cultivar porque nadie se había interesado por ella, indicando, no obstante, que al amparo de distintas disposiciones de la superioridad se habían repartido en años anteriores muchas fanegas de tierras entre los vecinos, así como a forasteros de la misma provincia.
Siguen varias preguntas interesándose por las tierras del término, contestando que estaban distribuidas en dehesas y baldíos concejiles, algunos de estos últimos predios vendidos o repartidos entre el vecindario, como respuesta a la reforma agraria ilustrada promovida por distintas disposiciones de la superioridad, especialmente las de 1766, 1793 y 1799.
A las preguntas número 6 y 7 contestaron que el pueblo nunca tuvo época anterior con mayor prosperidad que la actual, pues aunque había disminuido ligeramente el número de cabezas de ganado vacuno y cabrío, así como la producción de vino, quedaba compensado por el notable aumento de rebaños de ovejas estantes (locales, o no trashumantes), del cultivo de cereales y del de plantíos de olivos.
Respondiendo a la pregunta número 10, añadieron que para facilitar aún más la vida al vecindario en general, y en contra de algunas disposiciones de la reforma agraria ilustrada, estimaban que no debían darse nuevas facultades a ningún vecino para que a título particular adehesara sus tierras o las del concejo, pues esta práctica perjudicaba a los agricultores locales. Igualmente, tampoco estaban de acuerdo con las disposiciones ilustradas que favorecían el cerramiento de las tierras particulares, práctica que iba en contra de la derrota de mieses y el espigueo que históricamente había existido en el término.
En la respuesta a la pregunta número 11, advertían que sería un buen complemento para las prácticas agropecuarias el establecimiento de fábricas de sombreros y paños, aprovechando así la lana del ganado ovejuno.
A las preguntas 13 y 14 contestaron que en la actualidad se cultivaba mejor, con nuevos y mejores instrumentos rústicos, pero únicamente con el concurso del estiércol y sin ningún otro tipo de abonos. Gracias a ello se habían puesto en producción 250 fanegas de huertas, árboles frutales y zumacales.
Respecto a las nuevas tierras para cultivos repartidas a la luz de la reforma agraria, indicaron que de las 4.400 fanegas repartidas, 1.200 la cultivaban sus nuevos dueños y 3.200 en régimen de arrendamiento, distribuidas para su siembra en hojas de 4 en 4 años.
Finalmente contestaron que para los cereales utilizaban como medida la fanega, la cuartilla o cuarta parte de la fanega y el medio celemín, mientras que para los vinos y líquidos la referencia era la @, la media @, la cuarta, la media cuarta y el jarrillo ó 1/16 de @.

En el segundo Interrogatorio (sobre “la cantidad, calidad, destino y cultivo de la tierra para formar la división agrícola de España”) se interesaban por datos estadísticos, que resumimos así:
- Estimaban que el término ocupaba unas 27.500 fanegas de puño en sembradura de trigo, es decir, el equivalente a unas 12.500 hectáreas. Como se aprecia, el cálculo fue erróneo y a la baja (entonces, ante de la separación de Malcocinado, debería tener algo más de 30.000 hectáreas), seguramente intencionado para pagar menos impuestos, práctica que ya utilizaron en las respuestas al Catastro de Ensenada, corregida por el intendente del interrogatorio en 1791.
- La respuesta más novedosa sobre este particular la dieron al contestar a la pregunta número 30, afirmando que de las 27.500 fgas. del término, 12.079 eran concejiles, 8.000 de particulares y en resto suponemos que estarían ocupadas por baldíos interconcejiles, es decir, los pertenecientes a la mancomunidad de aprovechamientos con los pueblos de la encomienda de Reina. En cualquier caso, es preciso destacar la existencia de 8.000 fanegas de tierra en manos particulares (40% del término, promediando los referidos errores superficiales), cuando en 1752 eran sólo unas 1.500 (7,5%). Este cambio, de extraordinaria importancia, fue la respuesta a la tibia reforma agraria que los políticos ilustrados llevaron a cabo especialmente entre 1766 y 1793, reforma sobre la que daremos más detalles en un artículo aún inédito que trata sobre la historia rural de Guadalcanal.
- Naturalmente, el cambio en la propiedad de la tierra trajo consigo una nueva distribución de los cultivos y aprovechamientos respecto a los conocidos de 1753, cuyo resumen es el que sigue:

*Unas 10.000 fgas. se dedicaban al cultivo de cereales (trigo, cebada y centeno), cantidad también extraordinaria si la comparamos con las de mediados del XVIII.
*Estas 10.000 fanegas estaban distribuidas en 4 hojas, es decir, cada año se sembraban unas 2.500 fanegas, otras tantas se barbechaban y las 5.000 restantes se dejaban de posío.
*A las legumbres (habas y garbanzos) se dedicaban unas 20 fgas.
*Para hortalizas y frutas, 15.
*A patatas, nabos y otras raíces, 10.
*En las manufacturas (lino, cáñamo, algodón y barrilla) se empleaban 50.
*Al zumaque unas 550, pero en las sierras.
*En viñas unas 455 fgas., frente a las 806 de 1752.
*En arboleda (castaños y álamos), 6.
*Bosques y malezas, las 2.500 fgas. que consideran inútil por su naturaleza.
*Y lo más novedoso y de provecho, unas 1.115 fgas. empleadas en el cultivo del olivar, advirtiendo que 300 de ellas eran de olivos grandes, ocupando el resto los nuevos plantíos surgidos, entendemos, a la luz del Real Decreto de 1793 (en 1752 admitían que existían unas 213 fgas. dedicadas al olivar, elevada, en cualquier caso, si la comparamos con la de otros pueblos santiaguistas).
*El resto de la tierra estaba ocupada por la dehesas y baldíos, predios en los que ya escaseaban las encinas.

En el tercero de los interrogatorios se interesaron por el número de vecinos (1.122) y habitantes (3.938), así como por sus actividades.
Sobre el vecindario, dieron datos pormenorizados de sus edades, sexo y estado. Concretamente, 1.206 varones solteros de todas las edades, 964 mujeres solteras, 759 varones casados, otras 759 mujeres casadas, 109 viudos y 187 viudas.
Moraban en 736 viviendas y su distribución por profesiones se ajustaba a los siguientes datos: 2 abogados, 2 médicos, 90 labradores propietarios, 80 labradores-arrendadores, 100 labradores propietarios y arrendadores, 480 jornaleros, 90 mozos de labranzas, 20 ganadero a título exclusivo, 40 ganaderos y labradores, 120 pastores y zagales, 120 profesionales artesanos (de la albañilería, carpintería, sastrería, zapatería, curtiduría y otros oficios), 600 mujeres dedicadas a la hilaza de lino y estopa, 6 mercaderes, 28 arrieros y trajinero y 6 lisiados (cojos y ciegos) que vivían de limosnas.
Dieron igualmente otros datos de infraestructuras, admitiendo que el pueblo no existía casas para locos, ni hospicios, ni orfanatos, ni universidades, ni academias… Sí existía un hospital mal dotado de medios, 7 oficinas públicas (pósito, cárcel, carnicería, matadero y 3 tabernas), 17 edificios destinados al culto divino (3 parroquias, 1 convento de religiosos, 3 convento de religiosas, 4 ermitas intramuros, 5 ermitas en el campo y una iglesia en Malcocinado) y 2 escuelas de primeras letras. Respecto a esta última cuestión, aclaran que en ellas se acogían 109 niños varones y que la educación de niñas corría a cargo de 6 maestras que enseñan a coser y a hacer medias a unas 100 niñas. Al margen, siguiendo una trayectoria histórica de casi tres siglos, en el convento de franciscano se enseñaba gramática a 16 alumnos.

En el cuarto interrogatorio se interesaron por conocer el medio natural, la condición humana del vecindario y su salud. Informaron al respecto que el pueblo se encontraba extendido en un llano y en la falda de una montaña, rodeado por otras; que los vientos predominantes soplaban de occidente (gallego) o del norte; y que las aguas eran abundantes, de buena calidad, no necesitando de artefacto para su beneficio, pues discurrían por el terreno sólo por la diferencia de altitud.
Sobre la condición humana, resaltaron la inclinación y aplicación de los naturales al trabajo, ocupándose después de las duras tareas agropecuarias en guardar sus habales, garbanzales, huertas, olivares y viñas o como mandaderos en casas de los hacendados e, incluso, se afanaban en hilar lino (ocupación mayoritariamente encomendada a las mujeres), de tal manera que en la villa sólo existían 6 lisiados (cojos o ciegos) que vivían de limosnas. Respecto a los pobres transeúntes, a éstos sólo se les dejaban 2 ó 3 días pidiendo por el pueblo, encargándose los franciscanos de proporcionarles comida.
Insisten en la aplicación del vecindario al trabajo, circunstancia que quedaba demostrada por un aumento de población significativo en los últimos 50 años, todo ello gracias al incremento de los ganados lanares, al cultivo de cereales y al del olivar, insistiendo en que la población quedaría favorecida y aumentaría con el establecimiento de fábricas de paño, bayetas y lienzos.
Respecto a la salud del vecindario, estimaron que dicha contingencia quedaba bien cubierta por los 2 médicos y los 2 boticarios, pues los vecinos únicamente padecían las fiebres tercianas de la época estival, entendiendo que ello era debido al estancamiento de aguas y al poco arreglo (higiene) en la comida de frutas.

Con el último de los cuestionarios, el quinto, con 94 preguntas, se pretendía conocer el desarrollo de fábricas y de las artes y oficios en la localidad. Sobre este particular, sólo dejaron constancia de la existencia de una fábrica de jabón blando, que pertenecía al Hospital de la Sangre de la ciudad de Sevilla, estimando que en este establecimiento podría fabricase otros tipos de jabones, pues existía la infraestructura necesaria, y que con ello aumentaría el trabajo en la localidad. Informaron también, aunque muy escuetamente, de la existencia de una feria comarcal, la de Guaditoca, celebrada los tres primeros días de la Pascua de Pentecostés.
Por lo demás, aunque vuelven a insistir en el beneficio que para la población tendría la instalación de fábricas, indican que en la localidad no existían gremios ni ordenanzas de artesanos, empleándose unas 600 mujeres en la costura y en las hilaturas de linos y estopas, como ya se dijo.

Fuente: AMG, legs. 125 y 360.